En nuestro ordenamiento jurídico se establece con carácter general la aplicación de la norma más favorable en el caso de que existan dos o más normas en vigor. Esto es así en todos los ámbitos del derecho y en derecho penal, es de tal manera que se debe aplicar la ley penal que reporta consecuencias más beneficiosas para el reo, bien por despenalizar el hecho delictivo, bien por disminuir la gravedad de las penas u otras consecuencias jurídico-penales asociadas al hecho delictivo, ya sea en su extensión o en su naturaleza.
Este es un principoio básico del derecho, que es de aplicación en todos los órdenes jurídicos. Es un principio básico del derecho penal que implica que, cuando hay una colisión entre dos normas penales cuya vigencia temporal es diferente, siempre que se pueda aplicar cualquiera de ellas al reo, debe aplicarse la que es más favorable para éste.
Dicho eso la institución del in dubio pero reo es bien diferente, pues se trata de un principio jurídico que implica que, en caso de duda y ante la insuficiencia de pruebas, se favorecerá al acusado de la comisión de un delito. Está basado en el principio de presunción de inocencia. Según el ordenamiento jurídico español «toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario». Esto significa que si existen dudas acerca de la culpabilidad de una persona en un delito, los jueces deberán declararla inocente o no culpable.
No obstante, la jurisprudencia del Tribunal Supremo indica que el principio in dubio pro reo no tiene carácter orientativo en la valoración de la prueba. Por lo tanto, solo ha de aplicarse cuando no exista seguridad acerca de la culpabilidad del acusado a la vista de las pruebas. Se trata de una norma de interpretación y solo la pueden aplicar los jueces, por eso las partes ni siquiera pueden invocar este principio.
El principio in dubio pro reo solo se aplicará al finalizar un proceso judicial cuando el juez o tribunal alberga dudas acerca de la culpabilidad del acusado tras valorar las pruebas disponibles.
El derecho penal español alberga una serie de garantías en su aplicación, para dar amparo a quienes deben pasar por el filtro de las normas en este ámbito, por la comisión de ilicitos que puedan ser punibles, lo que supone un mayor amparo de los acusados por deliltos con derivas penales.
